Lo que nadie está diciendo es que la batalla por el efectivo no va de monedas ni de billetes. Va de control político y trazabilidad fiscal en un país donde la economía sumergida todavía representa entre el 16 y el 20% del PIB según estimaciones europeas. El límite de 1.000 euros en metálico y la restricción de 50 monedas son solo la coartada visible. La presión real viene de Bruselas, que lleva años empujando a los Estados a reducir pagos opacos mientras refuerza el poder de bancos y fintechs en un mercado donde cada transacción deja rastro.
El ciudadano cree que el efectivo es un derecho absoluto pero la realidad jurídica es más frágil. La Ley 7/2012 se vendió como arma contra el fraude, pero en los despachos se entendió como llave para introducir una arquitectura de vigilancia financiera. Lo que los medios no explican es que cada vez que una tienda impone un mínimo para tarjeta o limita el metálico, está ejecutando indirectamente un mandato que favorece a las pasarelas de pago y a un puñado de actores que concentran la información de consumo. En 2024 Visa y Mastercard movieron en España más de 370.000 millones de euros, más que todo el gasto público en sanidad y educación juntos. Ese volumen de datos vale más que las comisiones.
La verdad incómoda es que la guerra contra el efectivo no se dirige solo a defraudadores. Se dirige a los autónomos, al pequeño comercio y a cualquier bolsillo que prefiera opacidad frente a trazabilidad. Se asume que quien usa metálico es sospechoso. Y esa narrativa ya ha calado. En 90 días veremos un nuevo paso: ampliación del control digital sobre transferencias instantáneas y un endurecimiento en los requisitos de justificación de movimientos de efectivo superiores a 500 euros en sectores de riesgo. Lo que se filtra en círculos cerrados es que el BCE prepara un piloto de euro digital con retailers españoles como banco de pruebas. Lo que parecía un detalle administrativo es en realidad un ensayo general para el apagón progresivo del efectivo.
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